Un estudio realizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), entre los años 2010 y 2020, concluyó que el mercado del gas, “no es lo suficientemente competitivo” y propuso que se prohíba la participación de las empresas Gasco, Lipigas y Abastible en la distribución de este combustible.
Esta medida permitirá que bajen los precios que, desde 2017, y por una excepción en la última reforma que se hizo a la Ley de Servicios de Gas, autorizó a Metrogas a aumentar el costo de sus servicios de distribución. Las tarifas crecieron entre 13 y 20% para sus clientes, que equivale a un pago entre 78 y 87 millones de dólares al año.
Según el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, “nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”.
La prohibición busca que los 5.600 distribuidores minoristas de gas licuado en todo el país, puedan vender cilindros de gas de cualquier marca, sin estar “amarrado” a una de las grandes compañías, y así tener la libertad para escoger a la empresa que entregue la mejor oferta.
La FNE hizo una recomendación al Gobierno para terminar con las elevadas tarifas. Dijo que en caso de que sus sugerencias sean tomadas en cuenta, el precio del gas licuado podría disminuir cerca del 15%.
